Es meridianamente claro que el
juicio político realizado ayer en contra el presidente de Paraguay,
Fernando Lugo, y la posterior destitución de que fue objeto por parte
del Senado de ese país, no estuvieron motivados por un presunto mal
desempeño del mandatario en sus funciones, como alegaron los
legisladores que avalaron la revocación del mandato presidencial.
La
improcedencia de las acusaciones en contra del gobernante –a quien se
achaca la responsabilidad directa por la muerte de 17 personas en el
desalojo de una finca del ex senador Blas Riquelme, el pasado 15 de
junio–; la celeridad con que se resolvió el proceso –en tan sólo dos
días y sin tiempo suficiente para elaborar una adecuada defensa del
acusado– y la clara prevaricación en que incurrieron los integrantes del
Senado paraguayo erigido en tribunal –cuya sentencia se conocía con
antelación a la realización del propio juicio–, hacen inevitable
concluir que lo que ocurrió ayer en el país sudamericano, por más que
haya estado revestido de formalidad legal, fue un acto golpista de la
derecha oligárquica contra un gobierno progresista, con sentido popular y
democráticamente constituido.
La
asonada padecida por el gobierno de Asunción ha confirmado el talante
antidemocrático del Partido Colorado (derecha), que gobernó ese país
entre 1947 y 2008, y cuyo desempeño como fuerza opositora durante el
mandato de Lugo se caracterizó por bloqueos legislativos sistemáticos a
las reformas propuestas por el presidente y amagos recurrentes de juicio
político en su contra. Por su parte, el Partido Liberal Radical
Auténtico, que formó parte de la alianza partidista que impulsó a Lugo a
la presidencia de Paraguay en 2008, terminó por dar la espalda al
mandatario, participó en la conjura con la formación política derechista
y exhibió, así, su carácter oportunista, su vocación de traición a los
electores y la miseria del conjunto de un grupo de políticos paraguayos
que ha dado la espalda, desde hace mucho, a los ciudadanos.
En suma, como se señaló ayer en este mismo espacio, el episodio
paraguayo es revelador de los escollos que enfrentan los gobiernos
latinoamericanos cuando deciden alejarse, así sea un poco, de los
postulados neoliberales y confrontar estamentos políticos y económicos
privilegiados, enquistados en las instituciones públicas y renuentes a
ceder un ápice en sus históricos privilegios, aunque ello implique la
subversión de los principios democráticos y de la voluntad popular. Para
efectos prácticos, la conjura oligárquica que se consumó ayer en el
Senado paraguayo equivale a una restauración del régimen autoritario que
prevaleció durante más de seis décadas hasta antes de la elección de
Lugo en 2008, y cuyos primeros ribetes represivos tuvieron lugar ayer
mismo, con las agresiones de elementos de la policía en contra de la
resistencia popular que se congregó en la Plaza de las Armas de Asunción
para respaldar al mandatario.
Por
lo demás, el episodio da cuenta de una involución inadmisible y riesgosa
de la institucionalidad democrática en la región, y confirma el patrón
golpista que viene afectando a diversos gobiernos y países desde 2002,
cuando el presidente venezolano Hugo Chávez fue temporalmente derrocado y
secuestrado por militares desleales; se repitió en escala menor en
Bolivia en 2008; logró, un año más tarde, subvertir el orden democrático
en Honduras, y se reprodujo, sin éxito, en la sublevación policiaca
contra Rafael Correa en Ecuador, en 2010. Hoy, a la conjura de las
derechas paraguayas en contra de Lugo se suma un hecho adicional de
preocupación: la revuelta policial que se extiende en territorio
boliviano y que podría ser utilizada como un nuevo elemento de
desestabilización por los potentados de ese país contra el gobierno de
Evo Morales.
Semejante tendencia
debería obligar a los gobiernos de la región, que ayer se pronunciaron
en contra de la destitución de Fernando Lugo, a activar los mecanismos a
su alcance para desconocer y ejercer presión sobre el nuevo régimen
paraguayo, emanado de una acción de quebranto a los principios
democráticos y carente, en consecuencia, de legitimidad alguna. Tal
respuesta es por demás necesaria en el momento presente, no sólo por
elemental compromiso democrático y por solidaridad con las expresiones
de resistencia popular que se han iniciado en Paraguay, sino porque una
concesión a los golpistas, como ocurrió en la propia Honduras, podría
alentar a las oligarquías regionales a repetir esa experiencia en otras
latitudes, generar graves desafíos a la legalidad y a la democracia en
el subcontinente y causar una regresión histórica inadmisible.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Alguna similitud con lo que acontece en el Bajo Aguán y otras zonas donde se reclama con toda justicia tierra para la supervivencia de nuestros hermanos y hermanas del campo en Honduras? Juzgue usted y piense,si solamente es una simple "coincidencia" o un plan siniestro artículado tomando como base la experiencia del golpe de estado ejecutado en nuestra Honduras y que se repite para perfeccionarlo más y continuar implementándolo en otros países hermanos.
Américo Roca Dalton
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-******.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Paraguay: “Fascistas y mafiosos” tienen la idea de “volver a gobernar el país”, denuncia leader campesino
Anunció que en caso de que con la destitución del presidente Fernando Lugo, su gremio decidió “forzar a los integrantes de ambas Cámaras y a la Corte Suprema de Justicia a renunciar y que se instale inmediatamente una constituyente para iniciar el reordenamiento jurídico, político, económico y militar”.
El dirigente campesino advirtió que “el pueblo paraguayo siempre mostró su valentía” e indicó que no tienen “miedo a la bala y a la muerte”.
La Asagrapa asumió una postura referente al juicio político al presidente Fernando Lugo, tras una reunión entre sus miembros, realizada en la ciudad de Hernandarias.
“Este es un golpe que está dando la derecha reaccionaria y los sectores capitalistas, burgueses y oligárquicos de nuestro país. En consecuencia, creemos que ambas cámaras no tienen la autoridad, ni moral, ni política, para enjuiciar a nadie”, indicó.
“Que se vayan todos”
Zayas dijo que la posición de su gremio es “que se vayan todos”. Indicó que decidieron forzar la renuncia de los parlamentarios y de los ministros de la Corte Suprema de Justicia y que “inmediatamente se instale una constituyente y se inicie un reordenamiento jurídico, político, económico y militar de la Nación”.Zayas señaló que la constituyente debe resolver dos puntos, en primer lugar dar por válido el informe presentado por la Comisión Verdad y Justicia referente a las tierras malhabidas y anular los títulos de siete millones de tierras que están en poder de los responsables de esta crisis que se está viviendo en este país y entre ellos están algunos parlamentarios.
En segundo lugar, plantean que la constituyente convoque a una nueva elección general. Aseguró que esta misma postura fue asumida por los campesinos de San Pedro y Concepción.
“Nos iremos a Asunción para formar parte de una amplia dirección política y social, conformada por sectores sociales, campesinos y de izquierdas. Claramente decimos que el Congreso no tiene autoridad para enjuiciar a Fernando Lugo”, puntualizó.
No hay comentarios :
Publicar un comentario