LLAMADO URGENTE DEL MOPASSOL
La reciente
masacre de integrantes de la comunidad miskita en el Río Patuca, en Honduras, el
pasado 11 de mayo cuando dos helicópteros de la agencia antidrogas de Estados
Unidos (DEA en sus siglas en ingles), dispararon sobre una canoa en la que
viajaban los campesinos matando a dos mujeres embarazadas, dos hombres e
hiriendo gravemente a otros cuatro, evidencia no sólo la continuidad del
terrorismo de Estado impuesto por el golpe militar de junio de 2009 contra el
presidente Manuel Zelaya, sino también la trágica ocupación militar
norteamericana en ese país.
Detrás de
este ataque que “se investiga” en Washington -según se informa- no sólo se
advierte la militarización estadounidense de Honduras, con cinco bases y centros
de operaciones además de Palmerola (estratégica para la IV Flota) sino que se
trata de un ataque directo contra los miskitos, para facilitar la ocupación de
la zona y la imposición del corredor mesoamericano de agrocombustibles.
Los
asesinatos cotidianos de campesinos, dirigentes sindicales y políticos,
maestros, estudiantes y periodistas – en este caso suman 25 asesinados
desde principios de 2010- permiten comprobar que el actual gobierno de Porfirio
Lobo, surgido de elecciones convocadas y digitadas por los militares golpistas
de junio de 2009, es sólo una continuidad de esa dictadura.
Los asesinatos cometidos por la fuerzas de ocupación en este país
son cotidianos y evidencian que ése es el proyecto-guión de Estados Unidos para
América Latina, si los dejamos avanzar. La tasa de crímenes alcanza al 86,5 por
ciento por cada cien mil habitantes. Se estiman alrededor de 700
homicidios mensuales y unas 20 víctimas
diarias. El 55 por ciento de los homicidios ocurrieron en la zona norte
del país (Atlántida, Cortés y Francisco Morazán). El 84,6 por ciento con armas
de fuego, Y en casi el 28 por ciento de los asesinatos participaron sicarios.
Se conoce
que hay asesores israelíes, paramilitares y sicarios colombianos, después de un
acuerdo de los golpistas con el ex presidente de Colombia Alvaro Uribe,
así como ex militares argentinos y de la Fundación Uno América, que participó
activamente en el golpe. Centenares de personas han sido detenidas y torturadas.
Pero al no poder doblegar la resistencia y al entender que no tienen
posibilidad de ganar en nuevas elecciones, la represión aumenta cada día. No
podemos dejar solo al pueblo hondureño. Es nuestro deber pronunciarnos
solidariamente ante las enérgicas denuncias que realizan las organizaciones
populares de Honduras, denuncias que la gran prensa silencia de manera
sistemática.
Lo más
grave, en el caso de los miskitos fue el intento de justificación de esos
asesinatos por parte del Director de la Policía Nacional,
Ricardo Ramírez Cid, quien dijo que ”hubo un intercambio de disparos en la
escena”. Aún cuando se observó que las víctimas estaban
desarmadas y los sobrevivientes hospitalizados en La Ceiba relataron que les
dispararon a mansalva con ametralladoras y granadas.
Lo mismo sucede con los crímenes y amenazas contra los
campesinos del Aguán. El pueblo miskito es uno de los más golpeados por la
tragedia de la ocupación de ese país centroamericano, así como por la corrupción
policial y militar en el tema del narcotráfico, además del feudalismo
imperante en esa zona del país, sumida en una enorme pobreza. Hay más de
1700 lisiados y decenas de muertos en la comunidad
miskita.
El diario
New York Times en su edición del pasado 5 de mayo encabeza un artículo señalando
que la "Armada de los Estados Unidos, usando lecciones del conflicto de la
década pasada (Irak) en la guerra que está siendo peleada en la selva miskita,
ha construido un campamento (centro operativo) con poca
notoriedad pública pero con apoyo del gobierno hondureño". El citado
artículo reconoce la instalación de tres “bases de operaciones de avanzada”
ubicadas en Mocorón, Puerto Castilla y El Aguacate”.
El Comando
Sur del Pentágono está auspiciando en toda Centroamérica lo que llaman “estados
fallidos” para justificar las intervenciones en nombre de la seguridad nacional,
el viejo esquema con que sembraron dictaduras en todo el continente en el siglo
XX. En esa dirección apuntan los “acuerdos de seguridad” que Estados Unidos
viene estableciendo con los países de la región.
A la
situación de Honduras que se agrava cada día sumando ya miles de muertos, se
suma la tragedia mexicana, sobre la que se extiende un silencio cómplice. Desde
que México firmó con Estados Unidos el Plan Mérida en el año 2006 (una réplica
del Plan Colombia) y Washington envió armas y asesores para una supuesta guerra
contra el narcotráfico, más de 55 mil personas han sido secuestradas y
asesinadas en forma atroz, sembrando el terror en el norte de ese país. Existen
unos diez mil desaparecidos. Las Fuerzas Armadas intervienen directamente en el
conflicto y nadie ignora a esta altura de los acontecimientos que la
mayoría de esos muertos nada tienen que ver con el narcotráfico y que Estados
Unidos entregó armas a los grupos paramilitares como los Zetas, como se ha
descubierto investigando la Operación Castaway (Operación Náufrago ) o Rápido y
Furioso.
Supuestamente, se trataba de una operación encubierta de la DEA para
entregar armas y “conocer” las vías del contrabando. Pero esas armas fueron
a parar a manos de los paramilitares mexicanos, que se entrenan en tortura
con la población civil, y con inmigrantes que van hacia Estados Unidos y son
asesinados y despedazados, como se ha visto en la aparición de cadáveres en
distintos lugares.
México ha
sido convertido en un estado fallido, y caótico que según políticos republicanos
amenaza ahora “la seguridad de Estados Unidos”, y por lo tanto podría ser
pasible de una intervención, especialmente si en las elecciones próximas no
ganan sus “elegidos” como gobernantes. Las armas de EE.UU también fueron para
las “maras” creadas en ese país y luego enviadas a sus países de origen, tanto
El Salvador como Honduras y Guatemala, con la finalidad de mantener el crimen y
el caos.
Honduras
bajo terrorismo de Estado encubierto y Guatemala, donde el feminicidio y
la violencia del viejo militarismo y paramilitarismo contrainsurgente se
potencia con la llegada a la presidencia de un oficial de los “Kaibiles” la
fuerza especial más brutal de todos los tiempos, preparada en Estados
Unidos y autora de crímenes de lesa humanidad y de desaparición de aldeas
enteras, cuyos pobladores fueron eliminados.
Estos
integran la cifra de más de 90 mil desaparecidos durante las dictaduras
militares guatemaltecas, la más alta de América Latina considerando además la
población de poco más de diez millones de habitantes.
Esta es
parte de la realidad centroamericana, a lo que se añade el gobierno derechista
de Panamá, que ya ha producido matanzas indígenas, persecución de trabajadores y
firmado con Estados Unidos la instalación de doce bases militares y centros
operativos rodeando todo el país, que había logrado liberarse del Comando Sur a
fines de 1999.
La tragedia
ilimitada en Centroamérica se continúa con la virtual ocupación de Colombia con
por lo menos ocho bases militares extranjeras y un terrorismo de Estado
encubierto desde hace años y ahora en una supuesta “Democracia de
Seguridad”, donde continúan las matanzas militares y paramilitares día por día y
se impide cualquier proceso de paz que signifique producir un verdadero
cambio en ese país. Colombia es el país de América Latina que junto con
Guatemala, tiene la mayor cifra de muertos y desaparecidos del continente a lo
largo del siglo XX y lo que va del
XXI.
Ante esta
realidad, a lo que se unen los tratados de libre comercio firmados con varios
gobiernos de la región, la invasión de las agencias de Estados Unidos en el
continente y la militarización de la región en ascenso, con las consecuencias
sociales y políticas que estamos viendo, el Movimiento por la Paz, la Soberanía
y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol), llama a organizaciones populares
a extender su solidaridad y realizar actos y demandas para detener la masacre de
pueblos hermanos y denunciar los graves peligros de una profundización de
la intervención extranjera, que inevitablemente se extendería hacia todo el
continente.
Es hora de
decir basta al crimen y detener la guerra de baja intensidad, la invasión
silenciosa de las fundaciones del poder imperial y la militarización que intenta
una recolonización regional en el siglo XXI.
Buenos Aires, Argentina, 23 de mayo de 2012
Mopassol, Paso 493, 3º B, CA de Buenos
Aires. TE 54 11 4951 4985
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