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Tegucigalpa.
Una delegación de juristas alemanes pertenecientes a Magistrados Europeos por la Democracia y Las Libertades (MEDEL) y a la Nueva Asociación de Jueces de Alemania, se reunió con organizaciones de derechos humanos de Honduras en la sede diplomática alemana acreditada en el país.
En la mesa de conversación estuvieron presentes los jueces Thomas Guddat (Tribunal Laboral de Alemania) Ruben Franzen ( Juez de Menores), Ingrid Heinlein (jueza y presidenta del Tribunal Superior del Trabajo), Anker Walter y el diputado del parlamento autonómico, vocero de asuntos políticos y judiciales de la Bancada Alianza 90 de Berlin, Dick Behrendt.
La dinámica abarcó la participación de las defensoras de derechos humanos del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla, El Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
En su alocución, Cristina Alvarado del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla expuso ante los jueces que en el tema de acceso a la justicia hacia las mujeres, en Honduras existe una mora judicial acumulada y que hay muy pocos juzgados de violencia.
“No se está investigando los casos de las muertes violentas de mujeres, el sistema falla porque no recoge las pruebas, solo en el 2011 se registraron 460 femicidios y en enero de 2012 se contabilizan 29 muertes violentas de mujeres”, apuntó Alvarado.
Por su parte la abogada Claudia Hermmansdorffer del CDM dijo que hay más obstáculos que antes para juzgar a los violadores de derechos humanos de las mujeres, ya que el colapso institucional producido por el golpe de Estado y el actual sistema jurídico, repercute en el fomento de la impunidad, por lo que no hay un verdadero acceso a la justicia para las mujeres.
Entre tanto Wilfredo Méndez coordinador de CIPRODEH señaló que hay que recordar que en Honduras se está aplicando la Doctrina de Seguridad Nacional (diseñada por Estados Unidos y ejecutada por las Fuerzas Armadas en Centroamérica para perseguir, capturar, torturar y eliminar a opositores políticos y miembros del movimiento social en Centroamérica en la década de los años 80).
En
los años 90 avanzamos un poco en materia de seguridad, pero a partir
del golpe de Estado (junio de 2009) la Doctrina de Seguridad Nacional
sigue aplicándose cada vez con persecuciones en el país, sostuvo Méndez.Añadió que “en el tema de la impunidad se basa en que la policía no investiga bien los casos denunciados”.
En su intervención la Coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva señaló que su organización representa la reserva moral y política en Honduras y “eso coloca nuestro trabajo en un contrapoder, que nos sitúa en un nivel de indefensión impresionante”.
Oliva apuntó que después del golpe de Estado, Honduras retrocedió 50 años en materia de derechos humanos, el país ha perdido la institucionalidad, “hay instituciones, pero éstas no funcionan”.
Recordó que durante y posterior a la crisis política hasta nuestros días, el COFADEH ha enviado 600 solicitudes de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para víctimas de casos torturas, seguimientos, detenciones ilegales y asesinatos.
Pese a que la CIDH ha otorgado más de la mitad para que el Estado brinde las medidas cautelares, se ha demostrado que Honduras desafía los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, al no implementar las medidas de protección.
La defensora de derechos humanos reveló a los juristas alemanes que el país ha creado una serie de leyes que atentan contra el Estado mismo, los derechos humanos y la sociedad en general, en alusión a la Ley de Escuchas, la ley que faculta atribuciones a los militares que son exclusivas de los policías, la Ley contra el Terrorismo y la Ley de Expatriación, entre otras.
Bertha Oliva añadió que “hay persecución política a todos los que generan oposición, somos perseguidas políticas, así que para estar bien hay que hablar con el régimen y quien no lo hace es etiquetado, la organización es etiquetada y eso tiene que ver con toda una práctica de terror”.
Otro aspecto importante es que estamos frente a una militarización de la sociedad hondureña y “esa militarización nunca nos ha traído un beneficio, eso nos hace ver que nuestra tarea va para largo y que Porfirio Lobo Sosa va a tener que cambiarse el nombre (en días anteriores Lobo Sosa afirmó que se quitaría el nombre si no lograba reducir la inseguridad en el país)”.
En torno al genocidio de la Granja Penal de Comayagua en el que murieron calcinados más de 350 privados de libertad, Oliva expresó que se trata de un crimen planificado y refleja el grado de negligencia del Estado que debe crear una política en materia de derechos humanos, en el que uno de los ejes debe ser, el sistema penitenciario en Honduras.
Sobre este tema Oliva cuestionó la forma en que el Ministerio Público está realizando las investigaciones descuidando el resguardo de las pruebas, la forma en que lleva a cabo los procesos de identificación de los cadáveres, el tratamiento que se le ha dado a los familiares de las víctimas y la ligereza con que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha propuesto indemnizar a los familiares, sin tomar en cuenta un proceso profundo de investigación y el acceso a la verdad, a que tienen derecho las familias que perdieron a un ser querido.
Finalmente abogó para que los sobrevivientes de la masacre en la Granja Penal puedan contar con acompañamiento psicológico para superar la crisis, a sí como a los vecinos y vecinas que escucharon los gritos de los desesperados internos que morían quemados y que no pueden conciliar el sueño, porque esos gritos permanecen en sus mentes.
Durante su visita a Honduras comprendida del 15 al 25 de febrero, la delegación alemana se entrevistará con autoridades de Gobierno, diputados al Congreso Nacional, jueces y magistrados, fiscales, cuerpo diplomático,, sindicatos, empresarios y periodistas, con el propósito de conocer la realidad del país, sobre todo en temas como seguridad, independencia judicial, impunidad, legislación en tema juvenil, trabajo a tiempo parcial y violación de derechos humanos.
La visita también representa un acto de solidaridad de los magistrados alemanes con la Asociación por la Democracia y en particular con los jueces Luis Alonso Chévez, Guillermo López Lone, Ramón Barríos y la magistrada Tirza Flores que fueron despedidos por sus acciones de defensa de la democracia al oponerse al Golpe de Estado de junio de 2009.
Al finalizar la visita los jueces y diputados alemanes informarán a las organizaciones, al pueblo alemán y especialmente a los diputados y diputadas en sus respectivos parlamentos y gobiernos, sobre la realidad que se está viviendo en Honduras y contribuir a mejorar la precaria situación que enfrenta el país en materia de derechos humanos y fortalecer el estado de derecho.
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