Helen Umaña abandona el país por amenazas de muerte

TEGUCIGALPA.- Los miembros hondureños de la Comisión de Verdad expresaron que la escritora Helen Umaña abandonó el país en virtud de las reiteradas amenazas de muerte a que era sometida por la investigación que realizaba con motivo del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009.

Lo anterior lo informó ayer la presidenta de la Comisión de Verdad, la ecuatoriana Elsy Monge; y el secretario ejecutivo, el estadounidense Thomas Loudon. “Consideramos que los comisionados hondureños son pieza clave en esta investigación puesto que ellos han vivido en carne propia toda la situación, no solamente ahora durante el golpe sino en décadas anteriores”, señaló Monge.

La entrevistada manifestó que es lamentable que se trate de impedir este aporte tanto de Umaña como del padre Fausto Milla –quien también abandonó el país por amenazas, aunque ya regresó-- porque son personas honestas e interesados en mejorar las condiciones del país.

Indicó que las amenazas a ambos comisionados han consistido en mensajitos, donde les advierten que se cuiden y que no sigan participando en investigaciones.

“En el caso de Helen (Umaña) pues están yendo a buscarla a la Universidad, ella es profesora universitaria y entonces la andaban cazando, eso es terrible y lo mismo con el padre (Fausto) Milla, le daban seguimiento”, expresó. Expuso que el informe del golpe de Estado será dado a conocer a la ciudadanía en el primer trimestre del próximo año porque aún les hace falta información.

Indicó que la ministra de Derechos Humanos, Ana Pineda; el ex ministro de Seguridad, Oscar Alvarez; y el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armada, general (r) Romeo Orlando Vásquez Velásquez, se negaron a dar información al respecto.

La escritora Helen Umaña debió irse del país por amenazas de desconocidos que le daban seguimiento.

“Agradecemos la confianza que las víctimas han depositado en nuestro trabajo al brindar más de 2. 000 testimonios en diferentes partes del país”, señaló. También lamentan que hasta dos años después del golpe de Estado se comienza a  considerar por parte del Gobierno la participación de los operadores de justicia en las violaciones de derechos humanos.